Este jueves, el Gobierno de México publicó reformas a leyes como la de Instituciones y Procedimientos Electorales y Partidos Políticos.
Y cuando despertamos, el ‘Plan B’ de reforma electoral apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este jueves, el Gobierno de México publicó las reformas hechas en materia de comicios que entrarán en vigor el viernes 3 de marzo.
El ‘Plan B’ incluye cambios y derogaciones a:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
También se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Apenas el miércoles, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto.
Consejeros ya ‘amenazan’ que lo combatirán
Ciro Murayama, uno de los consejeros del INE, advirtió que con la publicación el órgano se prepara para defender “las libertades y derechos de todos”.
“Inicia la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. El INE acudirá con respeto y convicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, aseguró que con la publicación de las reformas, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del órgano electoral, se quedó sin ‘chamba’.
“Yo en estos momentos tengo ya mis recursos listos, en el primer momento en que se abran los tribunales federales acudiré a la justicia federal para solicitar un amparo y también voy a acudir en la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque considero que es no solamente arbitraria la forma en la que se me separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales de la materia”, apuntó Edmundo Jacobo en entrevista con Radio Fórmula.
¿El ‘Plan B’ afecta las elecciones a gobernador de este año?
La respuesta es no, esto gracias a una resolución del ministro Pérez Dayán.
Fue a finales de febrero que el magistrado admitió a trámite unas acciones de constitucionalidad contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También otorgó una suspensión para que no sea aplicada en los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, entidades que eligen gobernador en 2023.
La Corte añadió que “de no concederse (la suspensión), su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.