El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014.
Los padres señalan la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
También del titular de la subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 15 de agosto los familiares de los normalistas interpusieron ante el PJF una demanda de amparo en contra de la cadena de mando.
No hay legalidad
Esto por estimar que las autoridades han incumplido el Decreto Presidencial de 4 de diciembre de 2018 mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
